El presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que la complejidad de su proceso legislativo no permitirá que la reforma constitucional se consolide este año.

Es prácticamente imposible que la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, concluya su proceso legislativo, y entre en vigor este año, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política en Diputados, Jorge Romero Herrera (PAN).

Refirió que las bancadas de la Cámara Baja están de acuerdo en aprobar dicho proyecto, que fue presentado desde hace un año, pero la complejidad de su proceso legislativo no permitirá que se consolide este año.

Ya que después de que los diputados la avalen, el Senado de la República tendrá que discutir la minuta, y si la aprueban sin cambios, tendrá que ser avalada por, al menos, 17 Congresos locales para que entre en vigor.

“Que se convierta en una reforma constitucional en este año, en el 2023 es prácticamente imposible, no así que la votemos todavía dentro de este periodo en la Cámara. Voy a explicar por qué. Porque al tratarse de una reforma constitucional. Es una reforma que pasa primero aquí, por ser Cámara de origen de donde surgió la iniciativa, si logra las 2/3 partes pasa al Senado, en donde como Cámara revisora tendría que conseguir exactamente la misma mayoría que es calificada, que es de 2/3 partes, pero el ser reforma constitucional tendría que pasar a las legislaturas locales que serían mínimo 17 las que tendrían que votarlo para que se convierta formalmente en una reforma constitucional”, explicó.

Cabe recordar que en la Cámara de Diputados se realizaron cinco foros de Parlamento Abierto para discutir la reforma constitucional, y el último se realizó ayer 13 de noviembre. Las conclusiones se darán a conocer el próximo 21 de noviembre, y posteriormente se dictaminará y enviará al pleno para que se discuta y, en su caso, se apruebe.

Durante los foros, representantes sindicales y patronales señalaron puntos negativos de la propuesta de reforma constitucional, y refirieron que se deben otorgar incentivos para las empresas, establecer límites de jornadas especiales y horas extras y revisar los salarios.

José Reynol Neyra, secretario de Acción Política de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, dijo estar en contra del dictamen por considerar que no es el mejor momento para hacerlo, hasta en tanto no se haya estudiado y discutido ampliamente y, sobre todo, existan condiciones económicas y sociales más propicias en México.

A nombre de la Cámara Americana de Comercio, Alfredo Kupfer Domínguez. estimó que es necesario conocer las opiniones de más empresarios y trabajadores, así como de los ejecutivos Federal y estatales para nutrir de mejor manera un cambio tan importante. Se pronunció por realizarlo de manera gradual para que las empresas puedan planear su adaptación y acompañarlo con políticas integrales.

Ángel Evaristo Celorio Guevara, coordinador jurídico del Comité Nacional de la CTM, dijo que la reforma obligaría a revisar los salarios, pues su alcance puede orillar al trabajador a tener menos horas de trabajo o a caer en la informalidad, dando al “traste” con la reforma.

En su turno, Tomás Héctor Natividad Sánchez, miembro de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), exhortó a considerar un proceso progresivo y gradual que analice un panorama completo, con impuestos, costos de empleo formal, precio del tiempo de horas extras, competitividad y