La ONG también propuso la creación de un grupo de trabajo estratégico y nacional responsable de la desmilitarización de las misiones de seguridad civil de México; el desarrollo de una estrategia y campaña binacional para la búsqueda de personas desaparecidas y la creación de un grupo de trabajo regional para facilitar el movimiento de personas.
La ONG señaló que también es necesario reconocer el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno y promover una iniciativa binacional para crear cambios culturales y educativos y establecer una organización nacional que involucre a la sociedad civil para monitorear los derechos humanos.
Impulsar el diálogo regional sobre drogas y cambiar el paradigma de prohibición.
Durante la transmisión en vivo, los grupos denunciaron varios problemas que afectan a comunidades indígenas, afroamericanos, inmigrantes y familiares de las víctimas.
Destacan el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en Chihuahua, la crisis migratoria en Tapachula y el desplazamiento forzado de indígenas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Las organizaciones no gubernamentales han cuestionado el uso de la Guardia Nacional como fuerza militar y su ineficacia para detener a sospechosos.
«El uso de la Guardia Nacional como agencia militar, que según el Censo de Seguridad Nacional en 2022 detuvo sólo a 2.814 personas sospechosas de haber cometido delitos, pero detuvo a 177.166 inmigrantes, le costó a la agencia P25.880 millones, lo que le costó no sólo P25.88 mil millones.
«La detención de criminales acusados, pero cientos de miles de inmigrantes han sido detenidos», pidió la ONG en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos.
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que el número de investigaciones pendientes en el país disminuyó un 97,7% en el año que finalizó respecto al inicio del sexenio.
Esta cifra fue revelada en una reunión de la delegación nacional de la Fiscalía Regional Especializada de Control (FECOR), que informó que al cierre de 2019, el número de investigaciones estancadas se pudo reducir solo en un 31,8%, lo que significa que se reducirá la eficiencia en el proceso.
el sector público se ha triplicado.
Esta cifra refleja avances en mejorar el destino de los bienes asegurados, reducir los tiempos de investigación, reducir los casos preliminares y mejorar la gestión y adjudicación de casos.
El encuentro se llevó a cabo en la Ciudad de México y estuvo presidido por el Ministro Federal de Justicia para el Interior, Derechos Humanos, Corrupción, Crimen Electoral y Crimen Organizado, Alejandro Gertz Manero, así como el titular de la Secretaría de Justicia.
Oficina de Investigación Criminal, Agencia de Auditoría Interna, Oficina del Suboficial Jefe, Oficina de Coordinación de Asuntos Internacionales, etc.
Como resultado del encuentro se desarrollaron desafíos y lineamientos específicos para mejorar la atención a las víctimas, que es parte clave del trabajo del fiscal, integrando las investigaciones; también para mejorar el curso exitoso de los procesos judiciales, evitar decisiones negativas, mejorar la calidad de la atención a las víctimas y usuarios de los servicios y así alcanzar los objetivos de las 32 oficinas de representación del organismo en el país y en cada territorio de sus organismos constituyentes.
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena desechó la impugnación presentada por el abogado Israel Trujillo López en contra del nombramiento del senador Alejandro Armenta Mier como coordinador para la transformación en Puebla.
El ex aspirante a la gubernatura Inconforme con la decisión que tomó el órgano partidista promovió un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) en contra del acuerdo. Alejandro Armenta fue designado coordinador de los comités de defensa de la transformación de Morena el pasado 10 de noviembre.
Ya solicitó el senador licencia al cargo para hacer precampaña a la gubernatura a partir del 25 de diciembre de este año y hasta el 3 de enero de 2024.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre qué autoridad debe conocer y resolver la impugnación promovida por Trujillo López, quien acusó que la designación de Alejandro Armenta incumple la paridad de género transversal.
Después de un bloqueo de ocho horas, con ambos lados de la carretera bloqueados, los habitantes exigieron la liberación de siete prisioneros antes de evacuarlos.Aunque la carretera México-Puebla se reabrió en sus picos más altos en Jalmi Milurco y Huechochingo luego de que los manifestantes se retiraron, las filas duraron al menos media hora más.Esto se debe a que el conductor de la grúa pesada, así como otros conductores varados, se quedaron dormidos. Y a pesar de las gélidas temperaturas, muchos conductores optan por dormir.Aunque recurrieron a las redes sociales para expresar su temor a un ataque.Los miembros de la Guardia Nacional deben moverse en ambas direcciones en la carretera y despertar a los conductores para reducir los tiempos de cola.Durante el bloqueo exigieron la liberación de siete presos.Vecinos de Jalemilurco cerraron la carretera México-Puebla luego de la detención de siete personas, informa.Agentes uniformados del Departamento de Seguridad Pública arrestaron a varios residentes de la ciudad por presuntamente acosar a trabajadores de una empresa de construcción.Seis policías uniformados resultaron heridos después de que vecinos amenazaran a los trabajadores de una empresa de construcción que trabajaba en un desagüe pluvial.La NSA dijo en un comunicado que las tropas estatales estaban desarmadas cuando fueron desplegadas y que los residentes las atacaron con piedras. Los vecinos de Halemi Miluco reconocieron el ataque en varios vídeos que ellos mismos reprodujeron.Se espera que funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública reabrirán la vía esta noche.Pero permitieron a los vecinos manifestarse libremente hasta que se marcharon esta mañana.
En esta penúltima sesión pública que presidirá el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado Felipe Fuentes y la magistrada Mónica Soto se unieron contra un proyecto de resolución del magistrado presidente, con la ausencia del magistrado Felipe de la Mata. El proyecto de resolución del magistrado Reyes Rodríguez proponía declarar inexistentes los agravios expuestos por la diputada panista, lo cual no fue compartido por Fuentes y Soto, quienes argumentaron que sí había elementos para fundamentar la violencia política en razón de género. Más allá de las diferencias jurídicas en sus posturas, el asunto se prestó para hacer evidente la polarización entre Reyes Rodríguez y los magistrados que pidieron su renuncia, pues sólo la magistrada Janine Otálora estuvo a favor de la propuesta de resolución. Esto llevó a tener un empate de dos votos
