por Anunciador Político | Jul 27, 2022 | Congreso
Debido a que el servicio de transporte público constituye el principal medio de movilidad para millones de veracruzanos, el diputado Juan Enrique Santos Mendoza presentó una iniciativa de reforma a la ley para que las y los concesionarios cumplan las condiciones necesarias para satisfacer el interés público, prevaleciendo el orden y la seguridad.
El legislador Santos Mendoza propuso reformar la denominación del Capítulo V del título tercero y adicionar los artículos 131 Bis y 131 Ter de la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado, a fin de garantizar a las y los ciudadanos su derecho a la movilidad a través del transporte público en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
En primer término, plantea que el Capítulo V del título tercero sea denominado “Obligaciones de Concesionarios, Permisionarios y Operarios”, con la finalidad de establecer diversas obligaciones a las y los operarios.
Entre las disposiciones que el legislador propone como obligación para los operarios están: mantener buena presentación personal, de higiene y cuidar su espacio de trabajo para generar un entorno de confianza; abstenerse de realizar acciones de maltrato o discriminación a las y los usuarios, así como tratarlos con dignidad y respeto.
También, tener y portar en lugar visible un gafete de identificación que contenga su fotografía, nombre completo del operario y del concesionario, así como las características de la unidad a su cargo, el cual será expedido por la Dirección; dar trato preferencial a niñas, niños, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y embarazadas.
De acuerdo con la iniciativa, los operarios tendrían prohibido abastecer de combustible a los vehículos con pasajeros en su interior; ser descortés, agresivo o grosero con la o el usuario, un tercero o con la autoridad; negar el servicio en razón de género, apariencia física, discapacidad y edad; escuchar música a volumen excesivo; realizar, alentar, permitir y participar en conductas que constituyan acoso, hostigamiento sexual y violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Por otra parte, en caso de que el operario participe en riñas, peleas y agresiones físicas hacia cualquier persona o realice actos que constituyan acoso, hostigamiento sexual y violencia contra las mujeres, niñas y niños, la Dirección de Transporte suspendería su licencia para conducir hasta por seis meses.
En su intervención, el diputado Juan Enrique Santos Mendoza, presidente de la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad del Congreso del Estado, subrayó que es momento de construir un servicio de transporte público de mayor calidad, confiable, inclusivo y que respete los derechos de mujeres, niñas, niños, personas de la tercera edad, con discapacidad y demás grupos vulnerables.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad. Se adhirieron a la misma el Grupo Legislativo de Morena, las diputadas Verónica Pulido Herrera, Maribel Ramírez Topete, Itzel Yescas Valdivia y Ruth Callejas Roldán, así como los diputados Othón Hernández Candanedo, Ramón Díaz Ávila, José Luis Tehuintle Xocua y Jaime Enrique de la Garza Martínez.
por Anunciador Político | Jul 27, 2022 | Congreso
El diputado Juan Javier Gómez Cazarín presentó una Iniciativa de Decreto por la que propone, mediante la renovación de distintos ordenamientos de vigencia estatal, reforzar los mecanismos legales de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos del estado, con una mayor participación del Congreso del Estado a través de la Comisión Permanente de Vigilancia.
De acuerdo con el texto, esta iniciativa, además de plantear un reordenamiento de ciertas prescripciones, pretende corregir dos aspectos relevantes de la articulación orgánica de la función de fiscalización y del combate a la corrupción, tomando como punto de partida los modelos constitucionales y las leyes generales de la materia.
En virtud de esto, con el fin de profesionalizar la función de fiscalización, el legislador plantea fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas del Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), frente a la representación popular.
Juan Javier Gómez Cazarín advierte que “el marco jurídico local vigente no asume a cabalidad que la función de fiscalización, si bien debe necesariamente realizarse a través de un órgano que goce de autonomía técnica y de gestión, también debe estar siempre sujeto a una supervisión eficaz por parte del Congreso”.
Por ello, propone incorporar en el texto de los ordenamientos que indica en su propuesta un mandato al legislador, en el sentido de establecer una Unidad Técnica de Evaluación, Fiscalización y Control de la Comisión Permanente de Vigilancia, dentro del Congreso del Estado, que coadyuve con esa instancia dictaminadora en la coordinación, fiscalización, vigilancia y evaluación permanentes sobre el desempeño del Orfis, tal y como en la actualidad acontece entre la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Auditoría Superior de la Federación.
Además, a través de un ejercicio de control y optimización del gasto público, propone que la estructura actual de la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado se transforme en la Unidad Técnica de Evaluación, Fiscalización y Control, redirigiendo los recursos destinados a la actual función de esta Secretaría, en un papel más activo.
Esta iniciativa, explica el diputado Gómez Cazarín, parte de la premisa de que la sinergia de ambas figuras detonará de forma virtuosa la estructura de incentivos de los servidores públicos del Orfis y, en esa medida, se fortalecerá su función fiscalizadora en beneficio de las y los ciudadanos veracruzanos.
De igual forma, propone establecer que el Informe de Resultado se entregue de forma digital, ya que en muchas ocasiones la impresión de los tomos resta tiempo para el periodo de solventación, convirtiéndose en un factor de tiempo que limita a los entes fiscalizables.
Del mismo modo, el legislador expone la necesidad de que los informes que presente el Orfis necesariamente deben ser analizados por la Comisión Permanente de Vigilancia, tanto en el fondo, para conocer el ejercicio del gasto público y el cumplimiento de los programas, como para evaluar el desempeño del propio organismo fiscalizador.
Para esto, la Comisión de Vigilancia, auxiliada por la Unidad Técnica, sería la autoridad del Congreso del Estado facultada para realizar el análisis y la evaluación, así como para presentar las conclusiones y recomendaciones al Orfis, para que, en su caso, se propongan modificaciones o adiciones al informe de resultados, antes de emitir su dictamen.
Destaca también la necesidad de ampliar los alcances del mandato establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, respecto del análisis realizado por la Comisión de Vigilancia a los informes del Orfis, pues –afirma- configura uno de los tres elementos relevantes para la dictaminación de la Cuenta Pública. Los otros dos, añade, son la propia Cuenta Pública y los informes del Orfis.
Finalmente, propone establecer la atribución de que la Comisión de Vigilancia solicite directamente la comparecencia de los titulares de las áreas administrativas de investigación y substanciación del Orfis, con la finalidad de dar seguimiento a las acciones promovidas; esto, con independencia del informe de seguimiento que el citado órgano debe entregar al Congreso, en los primeros cinco días de marzo y septiembre de cada año.
La Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo y del Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso del Estado, todos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia.
por Anunciador Político | Jul 27, 2022 | Congreso
Prevenir, atender y contrarrestar la obesidad y el sobrepeso en menores de edad, con acciones concretas, como asunto de salud pública y desde el ámbito educativo, es el propósito de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para actualizar la Ley de Educación del estado, presentada por la diputada Magaly Armenta Oliveros, durante la Décima Sesión Ordinaria.
De acuerdo con la propuesta, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) tendría entre sus atribuciones establecer los lineamientos a que debería sujetarse la distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de todos los planteles, en cuya elaboración se cumplan los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud.
Dichas disposiciones, añadió la legisladora, Presidenta de la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social, comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos alimentos con mayor valor nutritivo.
Además, las instancias gubernamentales del ramo educativo promoverían ante las autoridades correspondientes la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de las escuelas.
Asimismo, correspondería a la SEV también establecer las bases para fomentar estilos de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten el sobrepeso y la obesidad entre los educandos, como la activación física, el deporte escolar, la educación física, los buenos hábitos nutricionales, entre otros. En materia de la promoción de la salud escolar, la misma Secretaría consideraría las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud federal.
En el mismo sentido, las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad educativa tendrían el compromiso de fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos y su operación sería con apego a los lineamientos que establezca la Secretaría y a las demás disposiciones aplicables, precisa la iniciativa.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) México, al menos uno de cada 20 niños y niñas menores de cinco años padece obesidad, lo que favorece el sobrepeso durante el resto de su vida y les pone en riesgo de sufrir enfermedades circulatorias, del corazón y de los riñones, diabetes, entre otras.
De igual modo, la proporción de niños y niñas mayores de cinco años con sobrepeso u obesidad aumenta a uno de cada tres. El principal problema de nutrición que padecen niñas y niños de entre seis a 11 años es la presencia de ambos padecimientos, obesidad y sobrepeso. Debido a esto, México se encuentra entre los primeros lugares en obesidad infantil en el mundo.
Armenta Oliveros refirió también la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), que aporta tres datos relevantes: más del 20 por ciento de los adolescentes en Veracruz tiene obesidad, casi 90 por ciento del mismo sector social ingiere de manera cotidiana bebidas no lácteas endulzadas y la entidad ocupa el primer lugar en obesidad infantil y juvenil, con una prevalencia de 22.9 por ciento de niños con sobrepeso u obesidad.
Según su proponente, el contenido de esta Iniciativa se encuentra acorde con lo dispuesto en la Agenda 2030, que en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, Salud y Bienestar, pretende garantizar una vida sana y promover el bienestar de la población en todas sus edades, y 4, Educación de Calidad, busca asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para toda la vida.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción VI Bis al artículo 18 de la Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la que se adhirieron el Grupo Legislativo de Morena, las diputadas Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Maribel Ramírez Topete, Ruth Callejas Roldán y Anilú Ingram Vallines, así como los legisladores Juan Enrique Santos Mendoza, Ramón Díaz Ávila, José Luis Tehuintle Xocua y Othón Hernández Candanedo, fue turnada a la Comisión Permanente de Educación y Cultura.
por Anunciador Político | Jul 15, 2022 | Congreso
Mediante un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, la diputada Citlali Medellín Careaga propuso que este Congreso exhorte al titular del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) y a los gobiernos municipales del estado a realizar las acciones conducentes para apoyar la actividad y práctica deportiva, particularmente en lo relacionado con destinar el presupuesto necesario para infraestructura.
El exhorto refiere, primeramente, al Director General del IVD, para que, con base en las atribuciones que le confieren la fracciones V y IX del artículo 13 de la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte del estado, realice los proyectos y acciones pertinentes que ayuden al Ejecutivo del estado a considerar un incremento en el presupuesto en materia del deporte, con la finalidad de brindar mejores estímulos, becas y apoyos materiales o económicos a los deportistas, así como para el mejoramiento de la infraestructura deportiva.
En segundo lugar, el Congreso exhortaría a los 212ayuntamientos del estado de Veracruz para que, en atención a la ley mencionada, motiven en sus respectivos municipios la creación de los Comités Municipales del Deporte y que los que ya cuenten con estos órganos les impulsen a cumplir sus objetivos.
Asimismo, para que destinen dentro de su presupuesto una inversión de hasta 5 por ciento y no menos del 3 por ciento de los ingresos anuales del año fiscal que corresponda, para la difusión, promoción, construcción de infraestructura y equipamiento, fomento, investigación o supervisión del deporte.
Citlali Medellín precisó que, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciarios Estatales, existen en el país más de 44 mil establecimientos dedicados a alguna actividad relacionada con el deporte, más de 11 mil inmuebles bajo la administración de los municipios y alcaldías, y mil 343, de los gobiernos estatales; por cada cien mil habitantes, añadió, se dispone de 10.4 inmuebles públicos para este fin.
Señaló que, pese a que Veracruz es uno de los estados de la República con más espacios habilitados para la práctica del deporte y actividades físicas, en los últimos años ha sido notorio el decrecimiento en la asignación de presupuesto para esta materia, ya que para 2020 fueron destinados al IVD 91 millones de pesos (mdp), en 2021 el monto descendió a 83 mdp y en 2022, a 81 mdp.
Al reconocer el esfuerzo del Ejecutivo del estado para cubrir de la manera más equitativa y democrática las necesidades de los veracruzanos, consideró necesario que las autoridades del ramo en Veracruz asuman un papel más activo respecto a los beneficios y aspiraciones en las disciplinas deportivas, a través de diagnósticos y proyectos sólidos que propicien un incremento en el presupuesto que se asigna en este rubro.
Dijo también que es indispensable, en los órdenes estatal y municipal, dar mayor difusión y capacitación a los deportistas respecto a los procedimientos para acceder a los apoyos, becas, estímulos, premios, reconocimientos y recompensas por la participación en eventos deportivos estatales o nacionales.
La también Vocal de la Comisión Permanente de Turismo de esta LXVI Legislatura, agregó que en el ámbito municipal “debemos apostar al turismo deportivo que, además de incentivar a nuestros deportistas a ser competitivos, nos deja una derrama económica importante”. En la mayoría de los municipios, añadió, las competencias y eventos deportivos son solventados por particulares y sector privado.
“Se requiere continuidad en los programas, seguimiento y acompañamiento institucional de nuestros deportistas, esto implica una buena planeación, tener objetivos, metas y una evaluación constante. El deporte no puede estar en la última prioridad de las políticas públicas municipales ni de los otros niveles de gobierno”, finalizó la Diputada.
Se adhirieron a este anteproyecto las diputadas Anilú Ingram Vallines, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, Lidia Irma Mezhua Campos, Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Tania María Cruz Mejía, Itzel Yescas Valdivia, Janix Liliana Castro Muñoz y Maribel Ramírez Topete, así como los diputados Ramón Díaz Ávila, José Luis Tehuintle Xocua, Juan Enrique Santos Mendoza, Othón Hernández Candanedo y Hugo González Saavedra.
por Anunciador Político | Jul 15, 2022 | Congreso
Como parte de su compromiso de impulsar acciones para la protección a la maternidad y de conciliación de la vida laboral y familiar entre padres y madres, la diputada Nora Jéssica Lagunes Jáuregui presentó una iniciativa que plantea reformar la ley para disponer que, por concepto de paternidad, los trabajadores disfruten de una licencia de seis semanas posteriores al nacimiento de sus hijos, con goce de sueldo.
Durante su intervención en la Novena Sesión Ordinaria, celebrada a distancia, la legisladora agregó que esta misma disposición aplica en el caso de que el sujeto de este derecho adopte a un menor, para lo cual deberá acreditar, de manera oportuna, los hechos.
Nora Lagunes subrayó que con esta reforma se puede combatir los estereotipos predominantes que refuerzan la idea de que el cuidado no es tarea de hombres, al incrementar el periodo de licencia de paternidad, de cinco días a seis semanas, “es decir, igualamos el periodo otorgado a las madres trabajadoras en aras de fomentar el reparto equilibrado de las responsabilidades familiares”.
Agregó que, cuando los padres se involucran en las tareas del hogar y la crianza, las hijas e hijos interiorizan la idea de que los hombres y las mujeres son iguales, aceptan la igualdad de género y el sentido de autonomía y empoderamiento de las niñas, pasándolo a generaciones futuras.
De acuerdo con estudios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señaló la legisladora, una mayor participación del padre en la crianza de sus hijos e hijas rompe los ciclos de violencia perpetuados por creencias y actitudes en torno a la masculinidad; esta colaboración antes, durante y después del nacimiento, precisó, incrementa el compromiso y la responsabilidad de los padres a largo plazo.
La diputada Nora Lagunes destacó que con esta medida puede procurarse atención integral al recién nacido, incluidos factores como salud, nutrición y desarrollo físico, cognitivo y psicosocial de la primera infancia; con la oportunidad de otorgarse una prórroga de esta licencia por dos semanas más, cuando el infante haya nacido con algún tipo de discapacidad o requiera estar internado en algún hospital.
Por último, en la propuesta la Diputada plantea otorgar una licencia por cuidados médicos en favor de los padres o madres trabajadoras cuando alguno de sus hijos haya sido diagnosticado con alguna enfermedad grave o catastrófica. La vigencia constaría de uno a 28 días, con posibilidad de prórroga.
“De aprobarse esta iniciativa, lograríamos mayor conciencia entre los hombres para que puedan disfrutar y, sobre todo, ejercer una paternidad responsable, que implica el involucramiento activo no solo en la provisión de recursos económicos sino también en la crianza y la vida cotidiana de sus hijos”, concluyó.
La iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz y de la Ley que Establece las Bases Normativas para Expedir las Condiciones Generales de Trabajo a las que se Sujetarán los Trabajadores de Confianza de los Poderes Públicos, Organismos Autónomos y Municipios del Estado, fue turnada para su análisis a las Comisiones Permanentes Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Salud y Asistencia.
Se adhirieron a la iniciativa las diputadas Verónica Pulido Herrera, Itzel Yescas Valdivia, Citlali Medellín Careaga, Eusebia Cortés Pérez, Jessica Ramírez Cisneros, Ruth Callejas Roldán, Anilú Ingram Vallines, Ana Miriam Ferráez Centeno, Elizabeth Cervantes de la Cruz y Maribel Ramírez Topete, así como los diputados Ramón Díaz Ávila, Othón Hernández Candanedo, José Luis Tehuintle Xocua y Juan Enrique Santos Mendoza.
por Anunciador Político | Jul 15, 2022 | Congreso
La diputada Itzel López López presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo, por el cual busca que el Congreso del Estado exhorte a los ayuntamientos de la entidad a cumplir lo dispuesto en el Artículo 106 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y que, en la elaboración de su Presupuesto de Egresos 2023, sean escuchados los agentes y subagentes municipales, así como los comisarios y jefes de manzana, con el objeto de lograr un mejor aprovechamiento y eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos.
Al participar en la novena sesión ordinaria, celebrada a distancia, la legisladora recordó que el artículo mencionado refiere que, en la primera quincena de agosto de cada año y escuchando a los agentes y subagentes municipales, comisario municipal y jefes de manzana, las comisiones elaborarán un proyecto de Presupuesto de Egresos en lo referente a su ramo, en el que indiquen las necesidades a satisfacer para el año siguiente y su costo, señalando las prioridades, debiendo presentarlo a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.
Asimismo, agregó que en Veracruz existen más de cinco mil agentes y subagentes municipales que recientemente tomaron el cargo y recogieron las demandas de sus respectivas áreas, por lo cual “dichas peticiones están a tiempo de poder ser escuchadas y tomadas en cuenta por quienes toman las decisiones y, en su caso, ser atendidas”.
La también Presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Metropolitano explicó que, en vísperas de la inminente elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos Municipales 2023, se estima conveniente hacer el llamado a las autoridades edilicias para que tengan a bien implementar un mecanismo que contemple la democracia moderna y la genuina participación ciudadana, a través de los citados servidores públicos.
La Diputada, que representa el Distrito XX de los municipios de Atzacan, Fortín, Ixtaczoquitlán y Orizaba, destacó que su propuesta plantea que las comisiones edilicias inviten, conforme a la Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto, por medio de convocatoria o a través de los medios que consideren oportunos, a foros de exploración o mesas de trabajo de audiencia pública a los agentes y subagentes municipales, comisarios municipales y jefes de manzana.
Lo anterior, para alentar una participación con interés renovador, ideas frescas y propuestas en beneficio de la población, para que se vea reflejado en obras y acciones que resulten de urgente necesidad, utilidad colectiva y beneficio social, agregó.
“Estoy convencida que, con la voz de la ciudadanía, los pueblos originarios, afrodescendientes, la diversidad sexual, luchadores del medio ambiente, migrantes, población con discapacidad, académicos, adultos mayores, juventudes, obreros, sindicatos independientes, trabajadores del campo y la ciudad, activistas sociales, defensores de animales y colectivas feministas, entre otros, será posible hacer funcionar eficazmente la democracia participativa y deliberativa. En consecuencia, es momento de escuchar sus expresiones por los canales legales que impone la Ley, bajo estas cuatro figuras representativas.” concluyó.
Se adhirieron al anteproyecto, turnado a la Junta de Coordinación Política, las diputadas Cecilia Guevara, Citlalli Medellín Careaga, Tania María Cruz Mejía, Magaly Armenta Oliveros, Eusebia Cortés Pérez, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Perla Eufemia Romero Rodríguez, Lidia Irma Mezhua Campos, Adriana Esther Martínez Sánchez, Ana Miriam Ferráez Centeno, Maribel Ramírez Topete, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre e Illya Dolores Escobar Martínez, así como los diputados Bonifacio Castillo Cruz, Juan Enrique Santos Mendoza, Luis Antonio Luna Rosales y el diputade Gonzalo Durán Chincoya.
